Frente a los anuncios del presidente Sebastián Piñera para
la prevención y acción ante el abuso sexual infantil, proponiendo
modificaciones legislativas, institucionales y penales, la Asociación Chilena
Pro Naciones Unidas ACHNU considera:
1. Los anuncios presidenciales son un avance en el
reconocimiento de la extensión y gravedad del abuso sexual infantil que no
tenía lugar en las políticas públicas ni en la agenda legislativa.
Específicamente:
a) Saludamos que
se legisle definitivamente para que exista una entrevista única al niño(a)
abusado(a), impidiendo la revictimización, lo que requerirá también de adecuar
las facultades de defensores, fiscales y jueces durante los juicios.
b) Consideramos
que el registro de pederastas; la implementación del brazalete electrónico; y
la modificación al Código Penal en relación a victimarios vinculados a la
víctima, son todas medidas favorables, pero no deben confundirnos: la
prevención y la educación son más efectivos para disminuir los delitos sexuales
que la persecución penal. Ésta debe ser estricta, sin lugar a dudas, pero no
debe ser la principal herramienta, en tanto la evidencia ha demostrado que el
aumento de penas no disminuye la ocurrencia de delitos sexuales.
c) Así también,
la restricción de libertad condicional a los autores de delitos sexuales contra
niños(as) de poco sirve si se mantiene la actual tasa de condenas en este tipo
de delitos (12%), y la más baja tasa aún de quienes cumplen penas de cárcel,
por lo que se requiere fortalecer tanto a Gendarmería para controlar los
beneficios carcelarios a agresores, como a las policías para asegurar el
cumplimiento de las medidas de protección para las víctimas.
d) Si bien se
valora la propuesta de aumentar las penas para los delitos en torno al material
pornográfico, resulta más prioritario hacerlo respecto de otros delitos contra
la indemnidad sexual más prevalentes, como los casos de abuso sexual intrafamiliar,
que requieren de políticas de prevención antes que punitivas.
e) Esperamos que
el incremento de los fondos para el Servicio Médico Legal se aseguren para las
prestaciones hacia los niños y niñas abusados y que no vayan al presupuesto
general, diluyéndose en otras funciones. Sin embargo, junto a la inyección
recursos al SML, se debe financiar al SENAME para atender a niños(as)
vulnerados(as) y terminar con las listas de espera del sistema, como lo develó
Contraloría recientemente. Específicamente, se requieren recursos extra para
los DAM y PRM que evacúan pericias y efectúan terapias reparatorias para las
víctimas.
2. En lo que se refiere a los anuncios respecto de la
institucionalidad de infancia y juventud, vemos en ellos la persistencia del
gobierno a reformar la actual institucionalidad bajo los parámetros ya
esbozados durante los últimos meses, en los que el Ministerio de Desarrollo
Social desechó la propuesta elaborada en conjunto con la organizaciones pro
infancia –ACHNU entre ellas- para delinear una propuesta a todas luces
insuficiente y equívoca en las voces de todos los actores pertinentes (ver
reportaje El Dínamo).
En ese sentido, consideramos que:
a) La creación de
un Sistema Nacional e Integral de Protección de la Infancia, así como la
división en dos organismos del actual SENAME –medidas que no son novedosas
puesto que ya estaban en conocimiento de la opinión pública-, sólo tiene
sentido si se propone una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez,
que derogue la actual Ley de Menores y reconozca explícitamente los derechos de
niños y niñas, normando las garantías que el Estado debe otorgarle a las
personas menores de edad, junto con crear un sistema de tutela administrativa
eficaz ante vulneraciones de derechos y una tutela jurisdiccional de derechos.
b) La
implementación por parte de distintos ministerios de las mociones
parlamentarias pendientes, persiste en el error de ejecutar medidas dispersas y
aisladas, sin coordinación interministerial, en vez de formular una política
integral única que mandate a todos los organismos del Estado.
c) El Defensor
del Niño anunciado es un gran paso, siempre y cuando no sea un organismo del
gobierno que mediatice la defensa efectiva de los derechos de los niños y
niñas. En este sentido, debería haberse anunciado directamente el respaldo al
proyecto de ley de los senadores Patricio Walker y Juan Pablo Letelier que
asegura la autonomía e independencia de ese organismo de los otros poderes del
Estado.
3) Por último, hay un problema medular en los anuncios: la
carencia de mecanismos participativos para las organizaciones que hemos
trabajado durante años en estos temas, quienes hemos demostrado tener las
competencias suficientes para generar propuestas eficientes, efectivas y
duraderas en la prevención y reparación de la niñez vulnerada.
A pesar de que MINDES ha desoído a las organizaciones de la
sociedad civil que han trabajado con el gobierno y UNICEF para dotar de un
proyecto que garantice los derechos de todos los niños y niñas, alineado con
estándares internacionales y modernos, aún está a tiempo de rectificarse
enviando al Parlamento el proyecto de ley consensuado en enero del 2012 entre
el ministro Lavín y las instituciones especializadas.
Asociación Chilena pro Naciones Unidas, ACHNU
Desde: www.achnu.cl
