En Santiago a 7 de Septiembre de 2012 y en el marco del “Encuentro Nacional OPD 2012: Una apuesta innovadora a 10 años de su creación” organizado por el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y que ha contado con la presencia de Oficinas de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia de todo el país, las OPDs abajo firmantes declaran lo siguiente:
CONSIDERANDO:
1) Que a 22 años de haber ratificado nuestro país la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), que obliga al Estado a asumir responsabilidades como Garante PRINCIPAL de derechos, debiendo generar todas las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas para que los niños, niñas y adolescentes (NNAs) puedan ejercer sus derechos plenamente de acuerdo a los principios de No discriminación, Participación, Desarrollo, Vida e Interés superior del Niño.
2) Que transcurridos estos 22 años aún nos encontramos con una legislación que no se ha
adecuado a estos principios, siendo el único país latinoamericano sin una Ley de Protección
Integral a la Infancia, priorizándose por parte del ejecutivo y legislativo Leyes como la de
Responsabilidad Penal Adolescente (2007) y la de división del SENAME (2012), sin un marco
regulatorio ni un sistema de protección integral que oriente las distintas políticas públicas.
3) Que los nuevos énfasis, metas y resultados esperados planteados desde el SENAME, para las OPDs en el trienio 2012-2015: Fomento de la Participación de NNAs, Corresponsabilización de Garantes, Elaboración e Implementación de Políticas Locales de Infancia y Protección de Derechos en situaciones de vulneración de derechos de Baja, Mediana y hasta Alta complejidad, sobrepasan y superan las capacidades de nuestros equipos profesionales y no resuelven el colapso de las listas de espera en los proyectos de la red SENAME, a lo que se suma el escaso financiamiento entregado a la OPDs a través de la Ley de Subvenciones del SENAME y la existencia de OPDs Asociativas que abarcan en algunos casos hasta 8 comunas con un mismo equipo profesional; así como la no consideración de parte de estos lineamientos, de la diversidad de realidades de infancias, familias y comunidades a nivel nacional, y la disparidad de criterios u orientaciones entregados en los acompañamientos realizados por SENAME a través de su proceso de supervisión técnica entre OPDs (y en casos puntuales hasta en un mismo proyecto) que dificultan y entraban el desarrollo de dichos énfasis, puesto que no se transversalizan en toda la política pública por la falta de un Sistema de Protección Integral y se focalizan en un solo proyecto, tipo convenio, ejecutado por organismos colaboradores, principalmente municipios.
4) Que en la actualidad un alto porcentaje de trabajadores dependientes de dichos organismos colaboradores y administradores del convenio, contratan a sus equipos a cargo de la ejecución de los proyectos OPD, bajo la modalidad de prestación de servicios a honorarios, sin ningún tipo de beneficios tales como imposiciones previsionales o de salud, vacaciones o feriados legales, seguro contra accidentes, pre y postnatal parental, horas extras, entre otros, pero obligando a estos trabajadores a cumplir una jornada semanal, en un lugar físico determinado y recibiendo por ello un sueldo mensual, con lo que se está encubriendo de parte de las municipalidades y con la complicidad, indiferencia o desconocimiento del SENAME, una relación de subordinación y dependencia que existe en la práctica, pero no en nuestros contratos, ni menos en nuestros derechos. Por tanto las OPDs se convierten para sus trabajadores en un espacio de precarización laboral y en una manifestación más de las contradicciones de nuestra sociedad en donde un grupo de trabajadores sin “derechos”, debe promover y proteger los derechos de otros, en este caso de los niños y niñas de Chile. Sumado a esto, diversos municipios hacen instrumentalización política y electoral de las OPDs, cuestión que se agudiza en años de elecciones como este 2012, aumentando la inestabilidad laboral y la rotación de los equipos profesionales.
POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS Y EXIGIMOS:
1) Que cuanto antes el Estado Chileno se comprometa en la generación de un Sistema de
protección integral y universal a la infancia, a través de la dictación de una Ley de Protección
Integral de Derechos, acorde a los principios de la CIDN, derogándose la actual Ley de Menores y de esta manera dar cumplimiento a las Observaciones realizadas por el Comité de los derechos
del Niño de Naciones Unidas en sus informes de los años 1992, 2000 y 2007.
2) Que como OPDs, respaldamos las acciones desarrolladas por la Campaña Movilizándonos por una Cultura Integral de Derechos que aglutina a 380 organizaciones a nivel nacional y sugerimos retomar el proyecto de ley consensuado entre miembros de la Sociedad Civil, con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia y el SENAME en Enero de 2012, trabajado a partir de una propuesta que contaba con el respaldo de parlamentarios de diversas bancadas y de ambas cámaras legislativas.
3) Que nos comprometemos a iniciar a nivel regional o zonal la conformación de mesas o
plataformas técnicas entre OPDs y las respectivas Direcciones Regionales, para seguir analizando y profundizando respecto a las implicancias de los énfasis y orientaciones técnicas 2012-2015, que nos permitan establecer estrategias comunes y compartidas con el SENAME para su implementación efectiva y eficiente en los territorios, respetando sus particularidades, procesos y dinámicas propias. Junto con ello sugerimos al servicio la organización o el patrocinio a espacios permanentes de intercambio, capacitación, formación y autocuidado de equipos OPDs, a escala regional, zonal o nacional, con periodicidad anual.
4) Que a la brevedad el Estado debe resolver el colapso del sistema proteccional y las listas de esperas en programas de intervención breve, especializada, de diagnóstico y reparatorios de maltrato grave y abuso sexual de manera garantizar el derecho a la reparación de los NNAs vulnerados en sus derechos y de dar respuesta las observaciones entregadas por la Contraloría General de la República en su Informe 210/2011 del 9 de Abril de 2012, que estableció la existencia de 5780 niños y niñas en Lista de Espera a nivel nacional , dejando de manifiesto dicho informe, que el SENAME no se encuentra dando cumplimiento a lo establecido en su Ley Orgánica, art n° 1 que establece que se encuentra “encargado de contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos”. Sugerimos dar respuesta a las listas de espera, no solo mediante el art. 80 bis de la ley 19.968, ya que presiona hacia la judicialización de los procesos de intervención, sino que aumentando las coberturas y el financiamiento real y permanente a los programas de protección especializada. Junto a esto solicitamos al servicio terminar con las OPDs Asociativas y establecer la lógica UNA COMUNA=UNA OPD, y que la selección de cada comuna, sus coberturas y financiamientos se encuentren supeditados a criterios técnicos (población infantil, vulneración de derechos, vulnerabilidad social, etc.) y no a criterios políticos, ni partidarios.
5) Finalmente solicitamos que el SENAME, se comprometa a la revisión de los Convenios de
funcionamiento de las OPDs, en específico a las clausulas relativas a la condición laboral de los
trabajadores ejecutores del proyecto, de manera de no permitir que por redacción explícita u
omisión, estos instrumentos vulneren los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las
Oficinas de Protección de Derechos y que el servicio exija a los municipios el respeto de todas las leyes y derechos laborales vigentes. Sugerimos a los colegas que se encuentran en condiciones laborales precarias iniciar procesos de organización y movilización con otras OPDs o con otros trabajadores a honorarios dependientes de los municipios, de manera de ir visibilizando este tipo de explotación y precarización laboral, en donde el ESTADO vulnera nuestros derechos fundamentales.
Tomando en cuenta que en Chile, las denuncias
por delitos sexuales han ido creciendo paulatinamente desde la instauración de
la reforma procesal penal en todo el país. Según estadísticas de la Fiscalía
Nacional, durante el período 2000-2010 se registraron un total de 112.109 delitos
sexuales, de los cuales, 83.015 corresponden al período 2006-2010, es decir, un
74% de los delitos registrados de los últimos diez años ingresaron en los
últimos cuatro años, o sea, post reforma. Solamente el año 2011,
se registraron 13,753 delitos sexuales y 70% corresponden a casos de abuso
sexual infantil.A junio de 2010, el
Servicio Nacional de Menores (SENAME) registró un total de 6.194 casos de abuso
sexual; de los cuales, 4.653 fueron mujeres las víctimas (75%). Los tramos de
edad con mayor registro se encuentran entre los 6 y 11 años de edad, en donde
se concentró alrededor del 35% de los casos ingresados (Boletín Estadístico,
SENAME, 2010). 
A modo, de responder a estos antecedentes y mejorar el trabajo en red, este martes 11 de septiembre la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia realizo la primera capacitación en Abuso Sexual Infantil comunal, en cuanto a su prevalencia, tipología y consecuencias. Para ello, la OPD invitó a orientadoras y orientadores de colegios municipales y particulares de la comuna para discutir la problemática, desde los mitos y realidades en el tema, ¿Que se considera abuso sexual?, ¿Cuando derivar a la OPD?, los mecanismos de acción de cada institución y abordaje de la información a recibir en caso de que exista un posible caso de abuso.Para ello, la información otorgada se fundamentó en textos de Vinka Jackson y del Ministerio de Salud. 
