En relación al artículo de Lautaro Muñoz, publicado en el diario online “El Mostrador”, nos lleva cuestionarnos acerca de la protección de los Derechos de la Infancia, tema que nos atañe como organismo encargado de velar por dicha protección.
¿Es Chile un país garante de estos derechos, cuya convención fue firmada durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, el año 1991?
Los hechos conocidos últimamente y que han salido a la luz pública por las denuncias realizadas por personas abusadas por el cura Karadima, nos lleva a poner en cuestión esta obligación del Estado chileno.
En la iglesia católica, un organismo que se autocalifica de reservorio de la moralidad y rectitud ética, sus representantes puede cometer estos abusos y, como institución, no hace absolutamente nada, excepto enviar a los abusadores a lugares para orar y cumplir penitencias que no sabemos cuáles serán, pero imaginamos no será lo mismo que el crimen que se paga en la cárcel como el común de los delincuentes, a los cuales se les ha aplicado la ley vigente para todos los chilenos. Es aquí entonces, que el perdón de la jerarquía eclesiástica se transforma en una eximente de responsabilidad, y no una atenuante de ella como en el derecho común.
En las declaraciones de un programa de televisión de una de las víctimas del abuso, señala que es la primera vez que, el Vaticano condena antes que la justicia penal chilena. Una condena por supuesto insuficiente y acomodaticia a los intereses de la iglesia, y que claramente no repara el daño causado. Es por esto que nos parece inaceptable que nuestra justicia no haya dado muestras ciertas de que es capaz de resguardar los derechos de la infancia y la adolescencia incentivando su protección con acciones concretas, como un fallo condenatorio para estos abusadores, y una reacción de acuerdo a la necesidad y gravedad de los hechos.
Creemos como Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia, y como conocedores en terreno de la realidad de nuestro país respecto a estas materias, que falta una decidida actitud del Estado chileno de generar políticas públicas en esta dirección, a favor de la justicia y el resguardo de los derechos.
Nuestra población, sobre todo la más pobre del país, sabe de ello, y a veces las acciones desarrolladas por organismos como los nuestros, se diluyen y son cada vez más difíciles de implementar por no contar con la voluntad política y mecanismos adecuados a nivel económico, de administración de justicia, y organismos especializados que deberían ser responsabilidad del Estado chileno y de todos los actores involucrados.
OPD San Pedro de la Paz
25 de marzo de 2011
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