El reciente debate sobre el posnatal ha posibilitado relevar la importancia que tienen los niños en el discurso político: toda la discusión se fundamentaba, por lado y lado, en que la ley se hacía por el bien de éstos. Es indiscutible que una mayor cobertura y extensión del posnatal permite una mejor salud física y mental en su desarrollo. En este sentido, se viene a prolongar una prioridad por la primera infancia iniciada en el gobierno pasado, cuando más que se duplicó la oferta de salas cunas y jardines infantiles para los sectores de menores ingresos de la población.
Entre los argumentos que se han entregado para invertir en los niños y niñas desde el período de gestación, ha estado la idea que ello permite el ahorro de recursos en eventuales enfermedades posteriores, posibilita que la madre se inserte laboralmente con menos ausentismo y genera condiciones para un mayor desarrollo cognitivo de los pequeños que mejora las oportunidades sociales futuras. O sea, pura ganancia para el país, las madres y los propios niños.
Sin embargo, este razonamiento no logra instalarse para aquellos niños y niñas que tienen más de 4 años de edad, a pesar que en el proceso de construcción de su autonomía requerirían de un esfuerzo similar y que no necesariamente es más oneroso para el Estado.
Si uno analiza el Mensaje Presidencial desde una óptica promocional de los derechos del niño, el anuncio del Presidente de dividir el SENAME (entre un organismo que se preocupará de aquellos niños que han infringido la ley y que permanecería bajo tutela del Ministerio de Justicia, y otro organismo que velará por aquellos niños más vulnerables, que dependerá el futuro Ministerio de Desarrollo Social), no responde a un enfoque moderno de gestión de los temas de la niñez y tampoco asegura la protección de los derechos de ellos.
En Chile sólo una Ley de Protección de Derechos de la niñez podrá garantizar que el Estado se hace responsable por la protección y desarrollo de todos los niños. Esta es una deuda no saldada, a pesar que ya existe en todos los países de la región. No se puede repetir lo que se hizo bajo el gobierno de Ricardo Lagos, que envió un proyecto de ley para penalizar a los adolescentes bajo los criterios de la seguridad pública sin primero reconocer los derechos de aquellos adolescentes menores de edad que cometían delitos o infracciones a la ley. El resultado fue pésimo, pues no había infraestructura adecuada, ni programas y profesionales preparados para rehabilitar, cuestión que pesa hasta el día de hoy sin que haya un Estado eficiente en responder a las obligaciones en este campo. Similar cosa ocurrirá si se divide el SENAME sin antes definir el marco jurídico en el que se realizarán las políticas de protección hacia la infancia, cuyo origen esta en la legislación de menores de los años 20 del siglo XX. Una ley de protección de derechos implica unificar criterios y normar positivamente para que la institucionalidad pública responda con coherencia ante una realidad compleja. No se puede seguir con respuestas sectoriales y fragmentadas ante sujetos que son íntegros y viven relacionados con otros.
El Comité de Derechos del Niño de la ONU viene instando al Estado de Chile hace más de 15 años para que tome dos medidas fundamentales: a) tener una legislación coherente con la Convención para regular las relaciones con los menores de 18 años; con todos ellos y no sólo con los más pobres; y b) que se establezca una Defensor del Niño, de carácter autónomo, que puede efectivamente velar por la integridad de los niños y haga presente a las autoridades del ejecutivo, legislativo y judicial aquellas vulneraciones de derechos que deben corregirse.
Sin lo anterior, podremos tener una nueva burocracia pero no una nueva vida para los niños y niñas de Chile.
Osvaldo Torres G.
Director Ejecutivo ACHNU
http://www.achnu.cl/2011/05/23/achnu-el-mensaje-presidencial-y-los-derechos-de-los-ninos-y-ninas/
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